Las propuestas, presentadas por el Ejecutivo estatal, grupos parlamentarios y diputadas y diputados, cumplen con los requisitos legales y avanzarán a la siguiente etapa del proceso legislativo

Culiacán, Sinaloa, a 15 de diciembre de 2025.– La Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior del Congreso del Estado de Sinaloa determinó que un paquete de 22 iniciativas puede continuar su proceso legislativo, al cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Durante la revisión correspondiente, se informó que las propuestas contemplan reformas, adiciones y derogaciones a diversos ordenamientos legales, así como la expedición de nuevas leyes, y fueron presentadas por el titular del Poder Ejecutivo, grupos parlamentarios y legisladores de manera individual.

Entre las iniciativas avaladas se encuentra una presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, que propone reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como la extinción de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con la transferencia de sus funciones a órganos de control interno del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos.

Del Grupo Parlamentario de Morena, la Comisión validó siete iniciativas relacionadas con reformas al Código Penal, la Constitución local y otras leyes, enfocadas en el fortalecimiento de sanciones en delitos sexuales y violencia familiar, protección a niñas, niños y adolescentes, lenguaje incluyente, reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, robo en escuelas, derechos sexuales y modificaciones en tipos penales.

Por parte del Grupo Parlamentario del PAS y de ciudadanas promoventes, se avalaron cinco iniciativas que abordan temas como la prevención del desperdicio de alimentos, delitos tecnológicos, permisos laborales por salud mental para trabajadores municipales y estatales, así como la creación del Parlamento de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa.

Asimismo, el Grupo Parlamentario del PVEM presentó dos iniciativas en materia de salud mental, orientadas a garantizar atención psicológica o psiquiátrica a mujeres o personas gestantes antes y después de la interrupción del embarazo.

El paquete incluye además una iniciativa del PRI para expedir la Ley de Cultura de Paz del Estado de Sinaloa, así como diversas propuestas individuales relacionadas con derechos laborales por motivos de salud mental, protocolos de formalidad en sesiones del Congreso, prevención del trabajo infantil, educación inclusiva, sanciones por denuncias falsas y la realización de una sesión solemne con traslado provisional de los Poderes del Estado al puerto de Topolobampo.

Con esta determinación, las 22 iniciativas continuarán su curso legislativo y serán turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis, discusión y, en su caso, dictaminación ante el Pleno del Congreso del Estado.

Las propuestas incluyen la creación de una Unidad de Investigación Cibernética y sanciones más severas para casos de acoso cometidos por choferes del transporte público

Culiacán, Sinaloa, a 15 de diciembre de 2025.– La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad dos dictámenes con proyecto de decreto relacionados con el combate a los delitos cibernéticos y la tipificación del acoso sexual en el transporte público, los cuales avanzan en el proceso legislativo para su eventual discusión en el Pleno.

La sesión de trabajo fue encabezada por el presidente de la Comisión, el diputado Hólincer Castro Marañón, quien informó que el primer dictamen propone la creación de la Unidad de Investigación Cibernética, mediante la adición de los artículos 46 Bis y 46 Bis A a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con el proyecto, esta unidad especializada será responsable de investigar delitos cometidos a través de medios electrónicos o tecnológicos, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la red pública de internet y proteger la integridad física y patrimonial de la ciudadanía. El titular de la unidad contará con nivel de inspector general de la policía de investigación y dependerá de la Comisaría General y de la Fiscalía General del Estado.

Durante la discusión, Castro Marañón señaló que la delincuencia ha evolucionado hacia el ciberespacio, donde se registran delitos como robo de identidad, fraude electrónico, extorsión digital, secuestro de información y explotación sexual infantil en línea, los cuales impactan principalmente a niñas, niños y personas adultas mayores.

El segundo dictamen aprobado plantea reformas al Código Penal del Estado para tipificar de manera específica el delito de acoso sexual en el transporte público. La propuesta adiciona un párrafo al artículo 185 Bis y contempla modificaciones a la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, estableciendo sanciones adicionales para los conductores que incurran en este tipo de conductas.

Entre las medidas propuestas se incluye la cancelación definitiva de la licencia de conducir para choferes de transporte público que cometan acoso sexual, así como la imposibilidad de obtener nuevamente una autorización por un periodo de hasta cinco años, una vez cumplida la pena. En casos de reincidencia, la licencia no podrá ser expedida nuevamente.

El presidente de la Comisión precisó que la iniciativa responde al incremento de reportes de acoso en el transporte público y aclaró que la intención no es generalizar ni estigmatizar al gremio, sino establecer herramientas legales para prevenir y sancionar estas conductas.

Ambos dictámenes fueron turnados a la Secretaría General del Congreso del Estado para continuar con el trámite legislativo correspondiente y deberán ser presentados ante el Pleno para su análisis y votación definitiva. En la sesión participaron también la diputada vocal Erika Rubí Martínez Rodríguez y el diputado secretario Ambrocio Chávez Chávez.

La diputada federal afirmó que la reforma prioriza el uso público del agua, revisa concesiones y fortalece el papel del Estado como órgano rector

Mazatlán, Sinaloa, a 15 de diciembre de 2025.– La diputada federal por el Distrito 01, Graciela Domínguez Nava, señaló que la nueva Ley de Aguas, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, tiene como objetivo garantizar que todos los productores agrícolas tengan el mismo derecho de acceso al agua, bajo un esquema regulado y con criterios de justicia social y sustentabilidad.

Durante una conferencia de prensa realizada en Mazatlán para informar sobre el trabajo legislativo, la legisladora explicó que la reforma representa un cambio respecto al modelo anterior, al establecer la revisión de las concesiones existentes y permitir que los volúmenes de agua que no estén siendo utilizados sean reasignados a productores que actualmente no cuentan con este recurso.

Domínguez Nava expuso que, en el esquema previo, las concesiones se concentraban en pocas manos y, en algunos casos, los volúmenes asignados no se utilizaban en su totalidad, lo que derivaba en la comercialización del agua entre particulares. Con la nueva legislación, indicó, se busca evitar que el recurso hídrico sea tratado como mercancía y reafirmar su carácter de bien público.

La diputada federal explicó que esta reforma pone fin a prácticas en las que nuevos proyectos agrícolas, ejidos o pequeñas propiedades se veían obligados a adquirir agua de manera privada ante la falta de nuevas concesiones. Añadió que, con los cambios aprobados, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recupera facultades para ordenar y regular el uso del recurso, fortaleciendo la rectoría del Estado en la materia.

Asimismo, Domínguez Nava destacó que la ley establece prioridades claras en escenarios de escasez, dando preferencia al consumo doméstico, y contempla criterios sociales, ambientales y de justicia en la gestión del agua. Señaló que el tema generó debate legislativo, particularmente con fuerzas políticas que, afirmó, impulsaron en el pasado modelos que favorecían el uso privado del recurso.

Finalmente, la legisladora informó que, además de la Ley de Aguas, en el Congreso se aprobaron reformas relevantes en materia de salud, entre ellas las relacionadas con compras consolidadas y la regulación de vapeadores y cigarrillos electrónicos, como parte de una estrategia de prevención ante los riesgos que representan para la salud, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.