Ayuntamiento de Mocorito arranca acciones de rehabilitación para atender una demanda ciudadana y mejorar el entorno

Pericos, Mocorito, Sinaloa, a 4 de diciembre de 2025.– El Ayuntamiento de Mocorito inició los trabajos de limpieza y rehabilitación del basurón de la sindicatura de Pericos, un sitio que se encontraba colapsado por la acumulación de desechos y representaba un problema ambiental y de salud para las familias de la comunidad.

Las labores fueron gestionadas por el presidente municipal Enrique Parra Melecio y se concretaron con el apoyo de la empresa Precasin (Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa), así como de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

Autoridades municipales informaron que estas acciones responden a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía, al tiempo que representan el inicio de una solución integral para recuperar este espacio, mejorar las condiciones ambientales de la zona y brindar mayor bienestar a la población de Pericos y comunidades aledañas.

El Ayuntamiento de Mocorito refrendó su compromiso de continuar impulsando trabajos para la recuperación de espacios públicos y la atención directa de problemáticas ambientales, como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida de las familias mocoritenses.

Las actualizaciones aplicarán para 14 municipios y servirán de base para el cobro del predial en 2026

Culiacán, Sinaloa, a 4 de diciembre de 2025.– Por unanimidad, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó las actualizaciones de los Valores Unitarios del Suelo y Construcciones para 14 municipios, los cuales servirán como referencia para el cálculo del Impuesto Predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, cuya tasa será de entre 2.5 y 4 por ciento, de acuerdo con el valor catastral de los inmuebles.

Los municipios beneficiados con estas actualizaciones son: Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Juan José Ríos, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Eldorado y Elota.

A propuesta del diputado Carlos de Jesús Escobar Sánchez, se acordó atender en una etapa posterior las actualizaciones correspondientes a los municipios de Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

Durante la sesión, a los dictámenes de los 14 municipios se les dio primera lectura de ley y, a solicitud de la diputada Érika Rubí Martínez Rodríguez, se dispensó la segunda lectura, por lo que se procedió a la votación individual de cada uno, resultando todos aprobados.

El presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, diputado Ambrocio Chávez Chávez, explicó que los dictámenes se elaboraron conforme a los principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y legalidad, así como al criterio de justicia tributaria, al establecer tasas diferenciadas conforme al valor de los inmuebles.

Las tarifas aprobadas para el cálculo del Impuesto Predial Urbano serán las siguientes:

• 2.5 % para bienes inmuebles con valor catastral menor a un millón de pesos.
• 3.0 % para inmuebles con valor entre uno y tres millones de pesos.
• 4.0 % para aquellos con valor superior a tres millones de pesos.

Busca crear un marco legal integral para salvaguardar a periodistas, servidores públicos y ciudadanos que alerten sobre prácticas ilegales

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2025.– La senadora por Sinaloa, Imelda Castro, presentó en el Senado de la República una iniciativa para crear la Ley de Protección a Personas Informantes, Alertadoras y Denunciantes de Prácticas Ilegales, Antiéticas o Riesgosas para el Interés Público, al señalar la urgencia de atender el vacío legal que mantiene en situación de riesgo a quienes se atreven a denunciar actos de corrupción o irregularidades.

Durante su participación en tribuna, la legisladora expuso que, pese a los avances logrados en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, persisten condiciones que generan represalias contra denunciantes, entre ellas pérdida del empleo, afectaciones a la reputación e incluso riesgos para la integridad personal.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, citados por la senadora, más del 92 por ciento de los delitos no se denuncian, mientras que solo una fracción mínima de las denuncias formales recibe respuesta satisfactoria. En el caso específico de la corrupción, apenas 4.8 por ciento de las víctimas decide reportar los hechos ante la autoridad.

Castro subrayó que, aunque México cuenta con un marco legal en materia de responsabilidades administrativas y fiscalización, este se ha concentrado principalmente en la sanción de infractores, sin establecer mecanismos eficaces de protección para quienes contribuyen a revelar irregularidades. Recordó casos emblemáticos, como el de la “Estafa Maestra”, cuya exposición fue posible gracias a la participación de personas que decidieron denunciar prácticas ilícitas.

La iniciativa plantea la creación de tres sistemas de protección especializados, enfocados en:

1. Personas denunciantes del sector público;
2. Personas denunciantes del sector privado; y
3. Denunciantes externos o ciudadanía en general, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación a través del Centro Nacional de Divulgaciones Protegidas, para atender casos de periodistas, defensores de derechos humanos, investigadores y comunidades.

La senadora afirmó que garantizar la protección de quienes informan no debe asumirse como un acto de buena voluntad, sino como una herramienta institucional indispensable para prevenir la corrupción, fortalecer la ética pública y salvaguardar el interés colectivo.

La propuesta legislativa fue turnada a las Comisiones de Anticorrupción y Transparencia, así como a la de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictaminación.