La estrategia federal contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas, regularización de predios y reestructuración de créditos, con énfasis en hogares de menores ingresos

Ciudad de México, 14 de enero de 2026.– El programa Vivienda para el Bienestar beneficiará a cerca de ocho millones de familias en todo el país, al contemplar la construcción de 1.8 millones de viviendas, acciones de regularización patrimonial, apoyos para mejoramiento de vivienda y la reestructuración de millones de créditos hipotecarios, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo Federal señaló que el objetivo central del programa es garantizar el acceso a la vivienda como un derecho, priorizando a las familias de menores ingresos que, de otra manera, no tendrían posibilidades de adquirir una casa propia. Detalló que en 2025 se formalizó la construcción de alrededor de 400 mil viviendas y que para 2026 se prevé edificar una cantidad similar, principalmente para personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Sheinbaum Pardo subrayó que la política de vivienda forma parte de una estrategia integral de bienestar social que busca ampliar el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y un salario digno, como ejes centrales de la actual administración federal.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en 2025 se superaron las metas previstas, al formalizar la construcción de 393 mil 686 viviendas en todo el país, lo que representa el 102 por ciento de la meta anual. Además, se otorgaron 420 mil apoyos de mejoramiento de vivienda y se entregaron más de 270 mil documentos y cancelaciones de hipotecas, brindando certeza jurídica a cerca de un millón de personas.

En cuanto a la planeación para 2026, la funcionaria indicó que se contempla formalizar la construcción de 400 mil viviendas adicionales, con lo que se alcanzaría el 50 por ciento de la meta sexenal. Añadió que ya se cuenta con una reserva territorial para más de 900 mil viviendas y que se prevé avanzar en la regularización de más de 200 mil predios, de los cuales más de 600 mil se encuentran actualmente en proceso.

Autoridades de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), del Fovissste y del Infonavit coincidieron en que el programa también incluye esquemas de renta para jóvenes, sorteos transparentes para la asignación de viviendas y acciones de justicia social, como la reestructuración de créditos hipotecarios. En este rubro, se informó que al cierre de 2025 se sanearon más de 4.8 millones de créditos considerados impagables, mediante liquidaciones, reestructuraciones, reducción de saldos y ajustes en tasas de interés.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca fortalecer la política habitacional como una herramienta de desarrollo social, con impacto directo en la calidad de vida y la seguridad patrimonial de millones de familias en el país.

La medida se plantea como un mecanismo de apoyo en investigaciones de delitos, según lo informado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Ciudad de México, 13 de enero de 2026.— El Gobierno federal dio a conocer que el registro de teléfonos celulares forma parte de los mecanismos utilizados para apoyar las investigaciones en materia de seguridad, y que su operación no implica la vigilancia permanente ni la localización directa de las personas.

De acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum, los números telefónicos se encuentran registrados en las empresas de telecomunicaciones, como parte de los procesos habituales de contratación del servicio. En caso de que una línea sea utilizada para cometer un delito, las autoridades correspondientes pueden solicitar a la compañía telefónica la información relacionada con ese número, conforme a los procedimientos legales establecidos.

La mandataria explicó que el objetivo del registro es facilitar la identificación de líneas telefónicas involucradas en hechos delictivos, lo que permite a las áreas de seguridad contar con datos que apoyen la integración de carpetas de investigación. Precisó que este mecanismo no permite conocer de manera generalizada la ubicación o las actividades de los usuarios.

Asimismo, indicó que el acceso a la información está sujeto a controles y requerimientos formales, por lo que no se trata de una consulta abierta ni automática por parte de las autoridades.

El gobierno federal señaló que esta herramienta se suma a otras acciones orientadas a fortalecer las capacidades de investigación y atención de delitos que se cometen a través de medios de comunicación móviles, en un contexto donde el uso de teléfonos celulares es cada vez más frecuente.

Con este esquema, las autoridades buscan contar con elementos que permitan rastrear el origen de llamadas o mensajes relacionados con hechos ilícitos, sin que ello implique un seguimiento indiscriminado de los usuarios de telefonía móvil.

El nuevo modelo de facturación incluye un pago mínimo por disponibilidad del servicio, con montos distintos según la región

Ciudad de México, 13 de enero de 2026.— La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso en marcha a partir del 1 de enero de 2026 un nuevo esquema de facturación que incorpora un cargo fijo obligatorio en el recibo de energía eléctrica, el cual debe cubrirse aun cuando el usuario no haya registrado consumo durante el periodo.

Este componente tarifario corresponde al costo de mantener en operación la infraestructura eléctrica, incluyendo la red de distribución, los equipos de transformación y la capacidad de suministro que permanece disponible de forma continua para los usuarios.

Los montos varían según la región. En la zona Noroeste, que abarca a Sinaloa y Sonora, el cargo fijo es de 19.78 pesos. En el Centro Occidente, como Michoacán y Colima, asciende a 25.25 pesos. En el Valle de México Centro se ubica en 54.05 pesos; en la región Oriente —Puebla, Tlaxcala y Veracruz— es de 63.63 pesos; y en el Valle de México Norte alcanza los 70.34 pesos.

Las cifras más altas corresponden a Chihuahua y Durango, con 111.37 pesos, mientras que en Baja California, bajo la tarifa DB1, el cobro es de 41.49 pesos. Estas diferencias se atribuyen a los costos operativos y a las condiciones técnicas de cada zona del país.

De acuerdo con la CFE, en enero de 2026 también se aplicó un factor de ajuste de -2.25 por ciento en los cargos de generación y capacidad, lo que implicó una reducción en esos conceptos dentro del recibo.

Las tarifas actualizadas están disponibles en el Diario Oficial de la Federación y en el portal institucional de la CFE. Los usuarios que deseen impugnar el cobro pueden recurrir a instancias legales como el juicio de amparo indirecto o el juicio contencioso administrativo federal.

Con este cambio, el esquema de cobro de la electricidad en México incorpora un componente fijo por la disponibilidad del servicio, además del consumo que registre cada usuario.