Locales y estatales
Con un monto de más de 480 millones de pesos, aprueban en Salvador Alvarado la Ley de Ingresos para el 2024.
El alcalde, Armando Camacho Aguilar, expresó que a comparación con el 2023, se tendrá un incremento del 4.93 por ciento, por lo que exhortó a todo su gabinete a ser responsables y eficientes en la ejecución de los recursos.
Guamúchil, Sinaloa a 23 de noviembre del 2023.– Durante la sesión extraordinaria de Cabildo número 22, se aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos del 2024 para Salvador Alvarado, por un monto de 480 millones 443 mil pesos, lo que representa un incremento general del 4.93 por ciento respecto al 2023.
El alcalde, Armando Camacho Aguilar, informó que el municipio de Salvador Alvarado pretende tener ingresos por el orden de los 384 millones 680 mil pesos, lo que representa un incremento del 4.84 por ciento a comparación de este año, indicó que dentro de este rubro se contempla una meta de recaudación de aumentos fiscales propios de 90 millones 588 mil 906 pesos.
Mientras que las paramunicipales estiman un ingreso de 94 millones 440 mil pesos, representando un crecimiento del 5.27 por ciento de manera general.
Camacho Aguilar, expresó que aunque las cifras aumentarán poco para el 2024, la operatividad del Ayuntamiento continuará rindiendo frutos positivos en beneficio de la ciudadanía ya que todas las áreas tendrán un plan de trabajo específico para que hagan un uso responsable y eficiente del presupuesto.
Armando Camacho, exhorto a las paramunicipales y a los institutos del municipio para maximizar esfuerzos para poco a poco ir incrementando los ingresos propios y sobre todo para administrar de la mejor manera los recursos.
Asimismo, hizo un llamado a la población alvaradense para que contribuyan con el municipio pagando sus impuestos, ya que esto les permitirá tener recursos suficientes para continuar mejorando los servicios públicos en cada una de las colonias y comunidades.
Locales y estatales
El paro de labores de la UAS es ilegal: Dip. María Teresa Guerra
La diputada María Teresa Guerra Ochoa hizo un llamado a que se respete la Ley, ante un paro de labores en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que solo expone al personal docente y administrativo, además de la gran afectación que esto representa al alumnado.
Culiacán, Sinaloa a 07 de octubre del 2024.- La diputada María Teresa Guerra Ochoa hizo un llamado a que se respete la Ley, ante un paro de labores en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que solo expone al personal docente y administrativo, además de la gran afectación que esto representa al alumnado.
“La Ley Federal del Trabajo ya no contempla la figura del paro patronal y lo que contempla es la huelga que debe ser convocada por sindicatos”, aseguró la Presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.
Al hacer referencia al llamado a paro de labores realizado por el recién nombrado encargado del Despacho de la Rectoría, Candelario Ortiz Bueno, Guerra Ochoa sostuvo que el “encargado del encargado” no puede hablar de legalidad cuando no hay absolutamente ningún sustento legal incluso en su función.
La legisladora subrayó que quienes están incurriendo en ilegalidad son esos “encargados de los encargados” que además no tiene legitimidad en su función, adicionando que además ni el órgano sindical ni el Consejo Universitario se han reunido para aprobar una acción que atenta contra el alumnado.
“Están exponiendo al personal docente y administrativo porque además en la Universidad desde hace tiempo existen dos secciones”, asentó. “Estas bases nunca se han reunido”.
La Presidenta de la JUCOPO, afirmó que la figura de encargado de despacho se permitía en un máximo de 80 días, lo que significa que esa función es ilegal desde hace varios meses, por lo que, en el contexto de la normativa orgánica anterior, la Comisión de Postulación debió lanzar la convocatoria de una terna para que el Consejo Universitario eligiera un rector sustituto.
“Han estado empecinados en no cumplir la elección”, dijo. “La idea de las autoridades universitarias es no cambiar nada”, y es por eso que nunca respondieron al llamado del Poder Legislativo para que ellos mismos hicieran la Consulta Universitaria.
Observó además que desde 2019 la Constitución establece la obligatoriedad de paridad de género en todos los mandos y la UAS no ha acatado esa disposición, como tampoco atendió la necesidad de una progresiva gratuidad de la educación, en atención a que, en el mes de julio, cientos de padres y madres de familia estuvieron penando por el tema de cómo cubrir las cuotas universitarias.
Otro punto es la resistencia a la democratización de la UAS porque el fondo es la negativa de las autoridades universitarias a cumplir su obligación de rendir cuentas.
“El tema de fondo es que los funcionarios universitarios, el rector titular y varias autoridades universitarias fueron vinculadas a procesos penales por excesos en su función y por actos de corrupción”, aseveró.
Guerra Ochoa afirmó que se ha llamado a la UAS en diferentes momentos a iniciar los procesos para cumplir con la legalidad, pero lamentablemente no han estado dispuestos a cumplir con la Ley.
La Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, enfatizó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conoce el tema UAS: “Ya lo conoce (el conflicto), pero hay un punto no dado que se llama también combate a la corrupción y en ese punto por cierto, no ha habido un compromiso, serio puntual, firme, de parte de las autoridades universitarias”, dijo.
Recordó que hace 15 años fue la primera en alzar la voz ante los excesos de corrupción y autoritarismo al interior de la UAS. “Espero que en las próximas horas prevalezca la razón y que haya la oportunidad de establecer legalidad al interior de la UAS”, concluyó.
Locales y estatales
UAS habría comprado 173 millones de pesos en equipos de cómputo con irregularidades
En 2021 y 2022, la universidad habría gastado más de 173 millones de pesos solo en equipo de computación, así lo informó el Gobernador hoy en la semanera.
Culiacán, Sinaloa a 07 de octubre del 2024. – El día de hoy en la semanera, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya mostró a través de una investigación periodística que la Universidad Autónoma de Sinaloa habría gastado más de 173 millones de pesos entre 2021 y 2022.
Rubén Rocha informó que las compras habrían sido de manera irregular, ya que fueron realizadas sin licitar, y la ley marca que en compras tan grandes debe haber proyectos de licitación.
“No estamos atentando nosotros contra la autonomía universitaria, ellos son quienes tienen a la UAS y quieren seguir haciendo sus porquerías con el dinero de la universidad” Señaló el Gobernador.
Entre otros gastos que cuestionó, fue la compra por 56 millones de pesos del 2020 al 2022.
Locales y estatales
Obliga Ley Orgánica de la UAS iniciar un proceso de elección para designar al nuevo Rector
Así lo aseguró la Presidenta de la Junta de Coordinación Político, Tere Guerra.
Culiacán, Sinaloa a 05 de octubre del 2024.- Tras la separación del cargo de Robespierre Lizárraga Otero, como encargado del despacho de la Rectoría, las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa están obligadas a iniciar su proceso de elección, mediante el voto libre, secreto y directo de la Comunidad Universitaria, señaló la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Sinaloa, Dip. María Teresa Guerra Ochoa.
La legisladora señaló que, en un análisis de dicha Ley vigente, se interpreta que en la designación del Dr. Candelario Ortiz Bueno, como nuevo encargado del despacho de la rectoría de la UAS, las autoridades universitarias incurren en una ilegalidad, según lo que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Institución:
Art. 35.- Las faltas temporales del rector titular que no excedan de 40 días hábiles serán cubiertas por el Secretario General de la institución, las mayores a dicho término pero menores de 80 días hábiles, por un rector interino y si las faltas exceden a este último término se convocará a un nuevo proceso de elección, para designar nueva persona titular de la Rectoría que concluirá el periodo.
Explicó que de acuerdo al texto de la Ley Orgánica, el propio Robespierre Lizárraga Otero estaba incurriendo en una ilegalidad al ejercer un cargo sin sustento en la normativa Orgánica, ya que la figura de encargado del despacho, tiene una temporalidad máxima de 80 días al frente de la Rectoría de la UAS, y Robespierre había excedido por mucho los términos que establece la actual y anterior Ley Orgánica de la UAS, dado a que el Rector, Dr. Jesús Madueña Molina, tiene aproximadamente un año separado del cargo.
Guerra Ochoa añadió que, por no haber sido electo como Rector, Lizárraga Otero tampoco tiene sustento jurídico para nombrar a otro encargado de despacho, y menos hacerlo con un Secretario General para que lo sustituya, porque ninguno los dos fueron electos en los términos de la normativa interna.
De acuerdo con el artículo 36 de la misma Ley Orgánica de la UAS, la Universidad está obligada a organizar un proceso de elección, mediante el voto libre, secreto y directo de la Comunidad Universitaria, proceso mismo que deberá organizar y desarrollar una Comisión de Elecciones y Consultas designada por el Consejo Universitario.
La presidenta de la JUCOPO asintió que, como diputadas y diputados de la 65 Legislatura del Congreso del Estado, hacen el llamado a las autoridades universitarias, a no violentar la Ley, ni los derechos del alumnado a recibir una educación superior oportuna, eficiente y de calidad, ni afectar a maestros a quienes quieren obstaculizar su trabajo, ya que será el alumnado y personal docente y administrativo los principales implicados con las afectaciones de un paro de labores.
Un paro de labores debe ser convocado por quien tenga la legitimidad y legalidad para hacerlo, y no provocado por autoridades ilegítimas, ya que sería un claro y directo atentado a la normativa interna, a las leyes del Estado, así como a la sociedad en general y comunidad universitaria, por lo que los y las diputadas del Congreso del Estado de Sinaloa mantendrán un canal de comunicación abierta, con el fin de contribuir y no obstaculizar el libre ejercicio de los derechos de las y los estudiantes y trabajadores universitarios.
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